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Resumen
La responsabilidad extracontractual del Estado por daños causados con arma de dotación oficial constituye uno de los escenarios más ilustrativos de la evolución del artículo 90 de la Constitución en la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En este campo, la jurisprudencia ha tendido a adaptar al ámbito de lo público la teoría civil de la responsabilidad por actividades peligrosas, particularmente en relación con el uso de armas de fuego por agentes estatales. Para ello se han utilizado distintos filtros de conexidad con el servicio o incluso la percepción que pudiera tener la víctima sobre la actuación del agente, los cuales, de no verificarse, han llevado en ocasiones a calificar el evento como hecho personal del agente, con la consiguiente ruptura del nexo causal. Ello sin perjuicio de que, según las circunstancias del caso, la imputación pueda estructurarse también a partir de la falla del servicio, cuando se desobedecen parámetros normativos explícitos o del daño especial en contextos operativos específicos.