Resumen
Los rigores de los efectos negativos del déficit de la democracia, en muchos países de América Latina, hace que, en muchas ocasiones, estos se deban plegar a las decisiones económicas de los organismos internacionales que financian su desarrollo: FMI, BM y BID. Esto genera una relación estrecha entre economía y derecho, en donde los Estados con mayor poderío económico imponen sus decisiones sobre el resto de los países pobres que no tienen un sistema sólido democrático ni cuentan con autonomía económica para afrontar las dificultades. Esta dependencia termina afectando a uno de los sectores institucionales más importantes del Estado como es el de la justicia, que ha sido creado para garantizar la equidad y la paz social. Por ello, es importante avanzar en acciones conjuntas que, desde la sociedad, la academia y la política regional se pueden hacer, para dejar de padecer los efectos negativos que en nuestros países genera el déficit de la democracia global.