Resumen
Los mecanismos jurídicos-administrativos de protección de derechos fundamentales deben garantizar el principio universal de la dignidad humana, a la luz de un Estado Social de Derecho, en concordancia con los lineamientos de un ordenamiento jurídico constitucionalizado que se enfoque en brindar protección material a todas las personas en igualdad de condiciones, ante la posibilidad de estructurarse un abuso de poder por parte de las entidades financieras, lo que sin lugar a duda afectaría la economía y el buen nombre del titular de los datos personales ante la permanencia de información de carácter negativo en las centrales de riesgo.